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Los pasados días 23 y 30 de enero, se celebraron en la sede del Colegio de Procuradores de Madrid, la segunda y tercera edición de los cursos que el Consejo General de Procuradores está impartiendo con motivo de la entrada en producción de las aplicaciones desarrolladas para la Plataforma Tecnológica de los Procuradores.

Estos cursos, orientados al personal de los Colegios de Procuradores, tienen como objetivo formar adecuadamente en el funcionamiento y uso de estas aplicaciones, así como en la resolución de las incidencias que pudiesen surgir durante su implantación, tanto en los Colegios como en los despachos de los procuradores.

A estas ediciones asistieron empleados de 23 colegios, que se unirán a la Plataforma a lo largo de principios de 2013.

El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita que amplía los colectivos que pueden beneficiarse de este servicio sin acreditar la insuficiencia de medios como las víctimas de violencia de género, del terrorismo, de la trata de seres humanos o discapacitados.

Según adelantó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, este anteproyecto deroga la actual ley de Justicia gratuita en vigor desde hace 17 años para permitir que colectivos que no tenían este beneficio puedan acceder a este servicio.

Otra de las novedades es que además del nivel de renta, se tendrá en cuenta por primera vez las circunstancias familiares de quienes soliciten el servicio.

También se amplían los colectivos beneficiarios independientemente de sus niveles de renta, ya que a la Justicia gratuita podrán acogerse los más vulnerables como las víctimas de violencia género, terrorismo, trata de seres humanos y discapacitados, así como organizaciones sindicales, de consumidores o la Cruz Roja.

La intención del anteproyecto es garantizar "un derecho fundamental para quienes carecen de medios para litigar", según destacó Sáenz de Santamaría.

Procura y sociedad: hacia una mayor integración social de la Procura
Córdoba, 6 a 10 de junio de 2012.

Ya a comienzos de la presente década, el Comité Europeo de Postulantes que me honro en presidir, consiguió sacar a la luz uno de los primeros Códigos Deontológicos Europeos. Ello era fruto de una fuerte corriente de responsabilidad y profesionalidad que invadía a los postulantes de los distintos países europeos, demostrando, al propio tiempo, su alianza con la sociedad actual y su modernidad.

Ese Código Deontológico Europeo obligaba, de algún modo, a todas las profesiones jurídicas que formamos parte del Comité Europeo de Postulantes. En nuestro caso, a la Procura española.

El Estado español, en el transcurso de los últimos años, tampoco fue ajeno a esta corriente, que viene recogida en distintas disposiciones legales a través del tiempo. Se inicia con la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia, continuando con la reforma de la nueva Oficina Judicial, la Ley de Sociedades Profesionales, las leyes Paraguas y Ómnibus y, finalmente, con la Ley y el Reglamento sobre el Acceso a lasprofesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

En todas ellas, de algún modo u otro, se hace referencia a temas deontológicos, con el único objeto de ofrecer un servicio mejor a los ciudadanos y, al propio tiempo, hacerles a éstos partícipes de la vida de las Instituciones de la Procura, permitiéndoles interaccionar, a través de sus consultas, opiniones e, incluso, denuncias. El Consejo General de Procuradores también tenía que hacerse eco de las voces de sus 67 Colegios y sus Consejos Autonómicos, quiénes venían reclamando la elaboración de un Código Deontológico para los Procuradores.

Finalmente, y después de múltiples trabajos, liderados fundamentalmente por la Comisión de Formación de este Consejo General, así como por muchas otras personas que han dedicado su tiempo y su esfuerzo para el buen fin de este Código, hemos conseguido que el mismo vea la luz y, a mí personalmente, la oportunidad de presentarlo. Desde el agradecimiento personal e institucional a todos aquellos que, de una u otra manera, han intervenido en la elaboración de este documento, no puedo dejar pasar la oportunidad de desearle el éxito que se merece, cumpliendo los objetivos para los que ha sido diseñado y que, fundamentalmente, se reducen a dos: una mayor profesionalidad de los procuradores y mejor servicio a la ciudadanía para quien, en definitiva, todos trabajamos.

Juan Carlos Estévez Fernández - Novoa Presidente

la crisis está propiciando que algunas Administraciones autonómicas, como es el caso de Cataluña, se estén planteando cobrar una tasa disuasoria para evitar la congestión judicial, sobre todo cuando las reclamaciones resulten de escasa cuantía. Así lo hicieron saber la mayor parte de jueces decanos que se reunieron recientemente en Vitoria y a los que ahora también se han unido últimamente abogados catalanes, a través del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), siempre que sea algo "excepcional".

José Luis González Armengol, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, explicó a Cinco Días que la iniciativa sería acertada siempre que el importe fuera "simbólico, y no afectase a aquellos ciudadanos beneficiarios de la justicia gratuita que apenas cuentan con recursos económicos". Desde su punto de vista, se trataría de una medida "disuasoria, para evitar que ciertas personas recurran a la litigación por multas de importes de 27,30 euros".

Aunque estas cantidades apenas compensen pagar a un abogado e ir a juicio, este magistrado asegura que muchos ciudadanos litigan por todo. "Un proceso medio cuesta a la justicia un total de 1.300 euros, y hay que imponer un canon mínimo para desincetivar esta vía por la de los acuerdos", añadió el magistrado. Sin embargo, no todos comparten esta idea. El portavoz progresista de Jueces para la Democracia aseguró que para disuadir a la población de recurrir a la justicia por cantidades ínfimas ya se encuentran las costas. "Las tasas no resultan la vía adecuada porque además se trata de una especie de copago", dijo.

La Asociación Francisco de Vitoria, sin embargo, más conservadora, considera que el sistema de tasas -como existe en la universidad española- ya se practicó en 1986, evitando así congestionar la justicia y pudiendo ser una alternativa ventajosa. Confirmaron, incluso, que ahora se utilizan para algunas personas jurídicas, como las entidades financieras. También explicaron que no se pueden asimilar al copago. "No se trata en ningún caso de un copago", aclaró González Armengol, "sino de unas cantidades mínimas".

FÓRMULA DE DISUASIÓN

Para la abogacía catalana también pueden ser una fórmula de disuasión, pero siempre que se adopte como una medida temporal. La junta de gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona se pronunció sobre este asunto y aseguró que "dichas tasas podrían llegar a ser una vía para que la Administración de justicia disponga de más recursos económicos para poder desarrollar su actividad", sin embargo, a la vez alertó de que estas medidas deben tomarse como herramientas excepcionales, es decir, justificables solo teniendo en cuenta el actual contexto de crisis económica y deben ser de carácter provisional.

La tasa por ir a juicio o por medidas cautelares ha sido incluida recientemente en la memoria de evaluación de impacto del anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales y Financieras correspondiente a los presupuestos de 2012 de la Generalitat de Cataluña. Allí, el Gobierno autonómico propuso crear siete nuevas tasas para los catalanes, entre ellas una para los que denomina "servicios personales y materiales en el ámbito de la justicia", con la que prevé ingresar 25 millones de euros.

Pedro Yúfera, decano del ICAB, sin embargo, advirtió de un posible peligro: "En caso de que se implanten las tasas judiciales, estas pueden suponer una limitación o barrera para que el ciudadano y las empresas ejerzan su legítimo derecho a reclamar justicia a través de los tribunales, por eso deberían ser temporales", y añadió que "en otros momentos ya habían existido tasas que posteriormente se eliminaron".

Otro aspecto a tener en cuenta es la finalidad de los recursos recaudados. En este sentido, Yúfera afirmó que "las tasas deben servir para cubrir las necesidades exclusivamente en el ámbito de la justicia y se tienen que invertir en Cataluña".

El ICAB considera que hay que evitar la doble imposición y, por tanto, se debería transferir a Cataluña la gestión y la recaudación de todos los recursos generados por las tasas judiciales estatales. De hecho, el artículo 6.2 de la LO 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas ya establece que "los tributos que se fijen las comunidades autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado". Por ello, "no sería lógico que se pagasen tasas judiciales estatales y autonómicas, ya que se trataría de una doble imposición", afirma el decano de los abogados de Barcelona.

En opinión del magistrado progresista José Luis Ramírez, esta situación supondría un atentado contra la igualdad territorial en materia de justicia, "porque en unos territorios los ciudadanos tendrían que pagar tasas y en otros, no". "Es necesario conocer bien el articulado", avisó, "pero debemos tener en cuenta que la competencia de leyes en justicia la tiene el Estado. Cataluña solo puede hacer leyes forales", afirmó Ramírez. Juan Carlos Estévez Fernández - Novoa Presidente

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, presidió, el 28 de noviembre en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, el acto de entrega de despachos a la XXXVII promoción de secretarios judiciales, turno interno. De los 95 secretarios judiciales, 60 son mujeres y 35 hombres. El ministro, que concedió la Cruz de San Raimundo de Peñafort al número uno de la promoción, Miguel Ángel Bonilla Gómez, cuyo destino es el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Illescas (Toledo), consideró en su discurso "la importancia del papel que están llamados a desempeñar los secretarios judiciales en la progresiva modernización de la Administración de Justicia, contribuyendo a la construcción de oficinas más tecnificadas y mejor gestionadas, con la finalidad de que su funcionamiento esté presidido por los criterios de agilidad, eficiencia, eficacia y racionalidad en la actividad diaria de nuestros órganos judiciales".

Al acto, también asistió el secretario de Estado, Juan Carlos Campo, el secretario general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, Ignacio Sánchez Guiu, el director general de Modernización de la Administración de Justicia, José de la Mata, y la responsable del Centro de Estudios Jurídicos, Sofía Puente.

El nombramiento de los 95 secretarios judiciales y la relación de sus destinos está publicado en el Boletín Oficial del Estado

José Pedro Pérez-Llorca, uno de los padres de la Constitución y Letrado de las Cortes, fue el ponente que abrió el acto celebrado el 28 de noviembre, que estuvo presidido por el presidente de las Cortes, José Bono; su homólogo en el Senado, Javier Rojo; Manuel Alba, letrado mayor y secretario general de las Cortes y Fernando Santaolalla, presidente de la Asociación profesional de Letrados de las Cortes. El eje central fue la presentación del libro "Bicentenario de la Secretaría y del Cuerpo de Letrados de las Cortes 1811-2011", una obra, editada por el Parlamento, que ha recogido casi 40 trabajos realizados por los letrados y que han analizado desde el punto de vista jurídico diferentes aspectos de la vida parlamentaria española.

Como explicó Pérez-Llorca, "el cuerpo de Letrados ofrece talento, pluralismo de sensibilidades políticas y un extraordinario interés por la actividad parlamentaria". En este sentido, precisó que el cuerpo "tiene la suerte de haber nacido en las Cortes de Cádiz" y apuntó algunos de los "retos del presente". El actual momento que se vive de "proliferación legislativa", donde existen más de 150.000 normas en vigor, "es malo para la seguridad jurídica y malo para el Derecho", resumió. También destacó la labor de "los letrados que trabajaron en la ponencia constitucional".

Bono elogió al cuerpo de Letrados, del que destacó su "dureza y profesionalidad". También tuvo palabras de felicitación para Manuel Alba, por su cometido al frente de la secretaría general del Congreso de los Diputados en la última legislatura. Para Fernando Santaolalla, "la administración parlamentaria sirve de contrapunto porque se ocupa de los aspectos técnicos y permite que los diputados se dediquen a su actividad sin preocuparse por las cuestiones organizativas".

El acto contó con la presencia de destacados juristas. Además del propio Pérez-Llorca, estuvieron, entre otros, Claro Fernández Carnicero, vocal del Consejo General del Poder Judicial; José Manuel Maza Martín, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; y Juan Alfonso Santamaría Pastor, socio de Gómez-Acebo & Pombo y catedrático de Derecho Administrativo.

Mañana martes Francisco Caamaño dará cuenta de la actividad del grupo de expertos convocado hace un año para trabajar en la modernización del lenguaje jurídico.